Santiago, cinco de noviembre de dos mil diez.
	Vistos y teniendo presente:
Primero: Que en este juicio caratulado “Compañía Minera Zaldívar con Fisco de Chile”, el reclamante recurre de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de segunda instancia que confirma la de primer grado que rechaza su petición de dejar sin efecto la sanción de multa aplicada por la Resolución N° 2625 dictada en el marco de un sumario sanitario.
 I.-En cuanto al recurso de casación en la forma:
Segundo: Que en el libelo se invoca la causal contemplada en el numeral quinto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil por haber sido dictada la sentencia con infracción de lo dispuesto en el artículo 170 N° 6 del mismo cuerpo legal, al no pronunciarse respecto de una de las supuestas infracciones materia de la apelación. 
Explica que el fallo de segunda instancia rechazó su alegación de incompetencia de la Seremi de Salud, pero en cuanto a las infracciones imputadas a su representada por la autoridad sanitaria y por el sentenciador de primera instancia la sentencia únicamente se refirió a la falta de duchas al término de la jornada laboral y a los casilleros existentes en las faenas, no así a la supuesta existencia de polvo en ciertos sectores del laboratorio, circunstancia que también fue materia de la apelación y que fue derechamente omitida en el fallo de segunda instancia.
 Tercero: Que el recurso no puede acogerse a tramitación desde que los hechos en que se funda la causal no constituyen el vicio denunciado, toda vez que la exigencia del Código de Enjuiciamiento Civil es la de decidir la litis, esto es, la resolución de las peticiones que se consignan en la conclusión de la demanda y de su contestación, que es lo que forma el asunto controvertido, situación que no se corresponde con lo denunciado por la demandante, puesto que sólo reprocha la ausencia de argumentación respecto de unas de las infracciones sancionadas.
II.-En cuanto al recurso de casación en el fondo:
Cuarto: Que el recurrente funda, en primer término, su solicitud de nulidad en la infracción al principio de especialidad, señalando que se desconoció la preeminencia del Reglamento de Seguridad Minera por sobre el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo, señalando que con ello que se vulnera lo dispuesto en los artículos 4 y 13 del Código Civil
Denuncia asimismo la infracción del artículo 19 inciso primero del Código Civil, por cuanto se obvió por el sentenciador el tenor literal de las disposiciones que establecen la primacía del Reglamento de Seguridad Minera, el cual se refiere explícitamente a que sus disposiciones son las que primarán en la regulación de las labores de extracción minera, y más aún, de manera expresa también establece que el DS N° 594 posee un carácter únicamente supletorio. Agrega que se infringe además el artículo 22 del Código Civil, por cuanto al momento de interpretar las normas de la litis no se consideró el contexto de la regulación aplicada.
Acusa luego la infracción de lo dispuesto en el artículo 1° del D.F.L. N° 725, Código Sanitario, por cuanto este propio cuerpo normativo excluye de su aplicación aquellas materias sometidas a otras leyes.
A continuación denuncia la vulneración de lo dispuesto en los incisos 1° y 3° del artículo 7 de la Constitución Política de la República, artículo 2 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y los  artículos 2 N° 8 y 9 N°2 letra c) del Decreto Ley N° 3.525, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería. Relaciona las infracciones con el proceder del órgano instructor al que estima incompetente, deduciendo de ello la nulidad de su actuación. Reprocha entonces que los sentenciadores hayan validado un procedimiento sancionatorio viciado, que no cumple con los requisitos constitucionales y legales. En definitiva, explica, la sentencia confirma una actuación de la Seremi de Salud que excedió el marco de sus potestades, por lo que se ha permitido una actuación ilegal excediendo las potestades que precisamente debieron controlarse en autos. 
Quinto: Que para resolver los jueces del grado, luego de analizar las normas  orgánicas y funcionales del Servicio de Salud, del Servicio Nacional de Geología y Minería y las de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) concluyen que el Servicio Nacional de Geología y Minería es un Servicio que tiene por objeto servir de asesor técnico especializado del Ministerio de Minería en materias relacionadas con la geología y minería y desempeñar las funciones que le señale la misma ley, como reza el artículo 1° de su Ley Orgánica. 
Este Servicio debe velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad en las faenas mineras y en la aplicación de sanciones a los infractores, es decir, claramente se constata que su actividad especializada está dirigida al fomento de la actividad minera, al control de la misma y en particular a la seguridad  de las faenas extractivas.
De ello derivan los sentenciadores que en el marco regulatorio de la actividad minera establecido en el Decreto Ley N° 3.525, que vela preferentemente por el fomento y protección de la misma, atendida su singular especialización, no es posible admitir que la ley le haya otorgado facultades para sancionar infracciones de naturaleza sanitaria en forma exclusiva y excluyente del Servicio de Salud, aún cuando se haya tratado, como en la especie ha ocurrido, de contravenciones constatadas en establecimientos mineros, conclusión que se encuentra refrendada en el artículo 63 del Reglamento de Seguridad Minera, el que prescribe “ En lo que no esté expresamente normado en este Reglamento, la Empresa minera deberá cumplir con las normas Sanitarias vigentes, según lo estipula el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, y el Código Sanitario” 
Sexto: Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede es posible concluir que los sentenciadores al rechazar la alegación de incompetencia han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata, toda vez que del estudio acabado de ella se aprecia que no existe la exclusión de la normativa sanitaria propuesta por la actora por el contrario, aparece con claridad  que Secretario Regional de Salud no ha contrariado con su actuar lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República y artículo 2 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, por cuanto ha actuado dentro de su competencia, ejerciendo las atribuciones que expresamente le ha conferido el ordenamiento jurídico.
Séptimo: Que en razón de lo expuesto el recurso de casación en el fondo en estudio no podrá prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento, dada la clara inexistencia de los errores de derecho que se denuncian
Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el de fondo interpuestos en lo principal y segundo otrosí de fojas 463, respectivamente, en contra de la sentencia de  veinticinco de mayo de dos mil diez, escrita a fojas 458. 
Acordada la mencionada inadmisibilidad contra el voto del Ministro señor Brito, quien fue de parecer de traer los autos en relación respecto del recurso de casación en la forma porque en su concepto éste no se encuentra en ninguna de las situaciones previstas en los artículos 772 inciso segundo y 776 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, cuales son las que permiten la declaración de inadmisibilidad de conformidad con el artículo 781 del mismo cuerpo legal. 

Redacción a cargo del Ministro Sr. Jacob.
	Regístrese y devuélvase con sus agregados.
	Nº 4784-2010 Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito, Sr. Roberto Jacob y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo la Ministro señora Araneda por estar con feriado legal. Santiago, 05 de noviembre de 2010.

Autorizada por la Secretaria de esta Corte Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.

En Santiago, a cinco de noviembre de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.